Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión clave al rechazar las acciones de inconstitucionalidad presentadas por varios partidos de oposición en contra de la reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este fallo ha desatado una ola de reacciones encontradas en el Congreso de la Unión, donde las voces de la oposición lamentan la resolución, mientras que los aliados del gobierno celebran lo que consideran una «decisión sensata» de la Corte.
La Postura de la Oposición
Los partidos de oposición, encabezados principalmente por el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano (MC), han expresado su descontento ante la postura de los ministros de la SCJN. La coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna Ayala, calificó la decisión como un «retroceso» y denunció lo que consideró una «narrativa mentirosa» sobre la reforma judicial. Según la legisladora panista, el argumento del gobierno de que los ciudadanos elegirán a sus jueces es falso, ya que, en su lugar, serán los Comités de Evaluación —que, a su juicio, están fuertemente alineados con el régimen de Morena— quienes tomarán las decisiones clave.
En una línea similar, Rubén Moreira Valdez, líder del PRI, criticó a los ministros que desestimaron las acciones de inconstitucionalidad, señalando que serán «juzgados por la historia» por haber «entregado a sus compañeros juzgadores» y haberle dado la espalda a la justicia. Además, Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de MC, expresó que, aunque su partido respetará la decisión de la Corte, considera que la reforma judicial no refleja un mandato popular, como sostiene el bloque mayoritario en el Congreso.
El rechazo por parte de la oposición también incluye una crítica hacia la composición de la Corte y los procedimientos de selección de jueces, los cuales consideran que favorecen al gobierno de turno. En este contexto, se han planteado incluso la posibilidad de recurrir a organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se revise el caso.
El Respaldo a la Decisión de la SCJN
Por otro lado, desde las filas de Morena y sus aliados, la resolución de la SCJN fue recibida con satisfacción. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP), expresó su conformidad con el fallo, argumentando que la Corte actuó con «sobriedad» y en conformidad con el derecho constitucional. Según Monreal, la resolución pone en evidencia que prevalecieron la Constitución y la sensatez, dejando en claro que la decisión de la Corte fue la correcta.
Monreal también destacó que, a pesar de las críticas, el fallo confirma la legitimidad del proceso judicial y subraya el derecho del Estado a reformar instituciones como el Poder Judicial. Desde este punto de vista, la decisión de la SCJN representa un respaldo a la estabilidad institucional y a los esfuerzos de modernización del sistema judicial.
Reacciones en el Senado
Las reacciones en el Senado también han sido intensas. Guadalupe Murguía, coordinadora de la fracción del PAN en el Senado, lamentó la postura de algunos ministros, acusándolos de «traicionar los principios constitucionales» que juraron proteger. En su opinión, los ministros que desestimaron las acciones de inconstitucionalidad serán «juzgados por la historia», lo que sugiere una crítica más amplia a la independencia y la imparcialidad de la SCJN.
Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de MC en el Senado, adelantó que su partido buscará llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que consideran que la reforma judicial representa un atentado contra la independencia judicial en México. «No es momento de rendirnos frente al poder», expresó Castañeda, haciendo un llamado a la sociedad civil y a diversas organizaciones a unirse en la defensa de lo que consideran una justicia profesional e independiente.
El Contexto Político
La reforma al Poder Judicial, que fue aprobada por el Congreso de la Unión en 2021 y que ha sido una de las iniciativas más controvertidas del gobierno de López Obrador, busca reestructurar el sistema judicial mexicano. Entre los cambios más polémicos se incluyen modificaciones en el proceso de selección de jueces, la creación de Comités de Evaluación encargados de calificar a los aspirantes a cargos judiciales y la posibilidad de crear tribunales de alzada para resolver conflictos.
Para muchos, esta reforma pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y abre la puerta a la politización de las decisiones judiciales. En particular, los opositores a la reforma critican el hecho de que los Comités de Evaluación estén compuestos por personas cercanas al gobierno, lo que, según ellos, limita la imparcialidad de los jueces y magistrados.
Conclusión
El fallo de la SCJN ha dejado en evidencia la profunda división política que existe en México sobre la reforma judicial. Mientras que los aliados del gobierno celebran la decisión, la oposición ve en ella una amenaza a la independencia judicial y a los principios democráticos fundamentales. La respuesta de los partidos de oposición, que han anunciado que recurrirán a todas las vías legales y políticas posibles, muestra que la lucha por el futuro del sistema judicial mexicano está lejos de terminar.
El tiempo dirá si la reforma logrará el objetivo de mejorar la justicia en el país o si, como sostienen sus detractores, terminará por debilitarla. Por lo pronto, el debate sobre el Poder Judicial y la SCJN continúa siendo uno de los temas más candentes en la política mexicana.
